El trabajo penitenciario. Claves para la inserción laboral en la CAPV de las personas que han sido privadas de libertad

La tesis doctoral que nos presenta el jurista Ángel Elías Ortega parte del análisis jurídico del derecho constitucional al trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social de los penados -artículos 25.2 y 53.1 y 2 de la CE-, preceptos que confirman la centralidad de la formación y el trabajo en cualquier política de ejecución penal que tenga la reinserción como objetivo fundamental. Sin embargo, la falta de voluntad de los representantes políticos y la complicidad de las máximas instancias jurisdiccionales, ha reinterpretado su carácter vinculante favoreciendo su inaplicación práctica. Por ello, ante la idea de que dichos objetivos son operativamente inviables en el interior de una institución cerrada como es la cárcel, esta tesis da gran importancia a la formación práctica para el desarrollo de un empleo, que habrá que intentarlo en el exterior de los muros, siguiendo en parte el desarrollo normativo y aplicación práctica que la inserción formativa y laboral de personas drogodependientes ha tenido en la CAPV.

Tras el estudio de las claves históricas de la cuestión, el autor se adentra en el debate de la naturaleza jurídica de la relación penitenciaria, criticando las negativas consecuencias de su extendida caracterización como relación especial de sujeción, para proceder a un análisis pormenorizado de la relación laboral especial penitenciaria, a partir de la regulación introducida por el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, que es muy insatisfactoria, pues contiene abundantes vacíos, lo que se ve agravado ante la falta de negociación de los contratos individuales y de las relaciones colectivas, siendo muy insuficientes los cauces de participación para los presos trabajadores (art. 13), lo que deriva en una imposición unilateral de los módulos de retribución (art. 15), de la jornada (art. 17) y, en la carencia de permisos retribuidos (art. 18). Además, este RD vulnera en varios aspectos el principio de jerarquía normativa y el propio mandato constitucional. A su vez, su artículo 8, al enumerar dos únicas categorías profesionales, dificulta el derecho a la promoción en el trabajo. Igualmente, el art. 19 excluye la prestación de incapacidad temporal en las situaciones de contingencias comunes.

La tercera parte aborda el tema de la formación y empleo, prestando una atención especial al ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Hay un repaso de las posibilidades ofrecidas para la potenciación de la formación y el empleo por parte de los diversos instrumentos normativos de la CAPV aplicables en áreas como los servicios sociales, los derechos sociales o el sistema de intervenciones públicas articuladas contra la exclusión social. También se tratan desde este prisma los programas generales de iniciación profesional, de formación ocupacional y de inserción laboral.

La conveniencia de una mejor ordenación y aprovechamiento de todos los programas e instrumentos lleva a proponer la creación de una Fundación que, con la participación de las Administraciones públicas y representantes del entramado empresarial y del mundo sindical y asociativo, se ocupe de la promoción y desarrollo (fuera del ámbito penitenciario) de la formación y el empleo de las personas presas y ex-reclusas. La lista de actuaciones concretas susceptibles de encauzamiento a través de esta Fundación es suficientemente ilustrativa de las posibilidades que ofrece este instrumento.

Finalmente, aparece un trabajo de campo que recoge las opiniones y reflexiones de distintos responsables del Departamento de Justicia de la Generalitat (única de las Comunidades Autónomas que tiene transferida desde el año 1984 las competencias en materia penitenciaria), del entonces director de la prisión de Martutene, de líderes sindicales, de miembros de la patronal, de la Cámara de Comercio de Bilbao y de Bilbao Metrópoli-30, de técnicos y responsables en diferentes instituciones forales y locales vascas, así como de agencias de desarrollo local y en Egailan, de distintas entidades y asociaciones que trabajan en el apoyo a las personas presas, para terminar con las de varios periodistas y profesores de universidad