Representación y representatividad en las instituciones de gobierno del Señorío de Bizkaia en el siglo XIX

La tesis se plantea como objetivo analizar la representatividad de las Juntas Generales y el Gobierno Universal del Señorío en la última etapa del régimen foral (1800-1877).

Hasta la realización de esta investigación, las valoraciones eran contradictorias, y nunca partían del examen del sistema de representación en todos sus detalles, sino que en función de opiniones políticas actuales trataban de ensalzar o denostar el sistema foral. Para superar ese marco, se ha adoptado un método de trabajo inductivo, acudiendo a fuentes directas: esencialmente documentación inédita y en buena parte poco o nada conocida hasta ahora -en particular protocolos notariales y expedientes judiciales-.

Se examina en primer lugar el sistema de representación de la Asamblea, distinguiendo tres niveles: su representatividad territorial, la representatividad social, y la representatividad del sistema de toma de decisiones. En cada uno de ellos son objeto de atención no sólo las variaciones realizadas, sino también las propuestas de cambio que no prosperaron, pues tanto unas como otras reflejan la concepciones y propósitos de quienes las defendieron.

Las Juntas tienen una composición territorial, configurada en el bajo medievo. En líneas generales, cada pueblo o municipio ostenta un voto, con independencia de su tamaño o población. Pero son los perfiles sociales y económicos exigidos por la reglamentación electoral a los representantes los que realmente condicionan la composición de la Junta, y donde se aprecia la importancia que tiene ésta en la designación del Gobierno Universal.

El modo en que se generan y adoptan los acuerdos reclama un interés en la medida en que distintos factores pueden mediatizar la representatividad de la Asamblea: la presencia de los Padres de Provincia; el desarrollo de las comisiones de trabajo; y el desconocimiento del castellano por una amplia mayoría de apoderados, con el consiguiente uso del euskera -que el representante de la Corona no sabe- en los debates, si bien los textos legislativos están redactados en la primera lengua.

A continuación, pasa a considerarse el proceso de designación del Gobierno, tanto desde el punto de vista normativo como de la práctica del siglo XIX, que presenta pocas irregularidades y permanece sin modificaciones reales en su diseño básico -un sistema que combina la elección con el sorteo-.

En tercer lugar se examinan los requisitos exigidos para acceder a los oficios de gobierno -Síndicos, Regidores y Diputados Generales-; su evolución, y el sentido de dicha evolución. Dado que la Diputación General es el supremo órgano delegado de las Juntas, se rastrean las bases sociales y económicas que permiten el acceso al poder político de los individuos que efectivamente llegaron a ser propuestos para el cargo de Diputados, así como sus opiniones políticas, en particular las que afectan a la representación; dicho en otras palabras, qué contenido social le dan al sistema político foral.

Sintéticamente, cabe resaltar lo siguiente. Hasta la primera guerra civil o carlista perduran sectores con una concepción aristocrática del gobierno, para los que las ideologías son cuestiones accesorias, enfrentados a otros sensibilizados con el ataque al régimen foral por parte de la Monarquía. Desde la segunda mitad del siglo, hay propuestas de cambios en la configuración del sistema, revestidas de modernidad liberal, que propugnan la adopción de un criterio de descripción demográfico en las Juntas y la elección directa del Gobierno Universal. Pero van unidas a la pretensión de introducir filtros socialmente regresivos. Sus valedores son los neofueristas, que desean la desaparición del régimen foral y negocian después el sistema de Conciertos. Frente a eso, la defensa del sistema de representación que hacen los fueristas, aparentemente inmovilista, toma un sentido democratizador, y va unido a la defensa del régimen foral como sistema político íntegro e incompatible con cualquier otro